Tras conocerse que una niña de solo 9 años fue afectada por una mina antipersona en la zona rural de San Vicente del Caguán, la Procuraduría reveló que 62 personas han sido lesionadas por estos artefactos explosivos.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, señaló que estos hechos "son violatorios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reafirman, una vez más, la falta de voluntad de paz de estas organizaciones ilegales".

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El Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal señaló que de esas 62 personas, 23 pertenecen a la Fuerza Pública y 39 son civiles, de las cuales el 63% son niños, niñas y adolescentes.

Es por eso que la Procuraduría hizo un "vehemente" llamado al Gobierno Nacional para realizar labores de desminado en el territorio y se implementen las estrategias institucionales de educación en riesgo de minas.

"Que se intensifique de manera urgente estas operaciones y le pedimos a los grupos armados ilegales que cese este tipo de prácticas, sino que demuestran una vez más su poca voluntad de paz".